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INDEMNIZACIONES

Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio establece en su artículo 3.2 que los particulares que como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Ello es coherente con lo dispuesto en el artículo 33, 3 de la Constitución Española que consagra que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes y así mismo por su artículo 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El derecho a indemnización se deriva también de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar

Subyace la consideración a estas prescripciones legales toda la actividad normativa del Gobierno, en el sentido de orientar a una exclusión de responsabilidad con causa en los acuerdos voluntarios entre los particulares como ocurre en la influencia en el desarrollo de contratos como los de arrendamiento y otros.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. Esta suspensión no será de aplicación, entre otros, a los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos, incluso de la vigencia de los asientos de presentación en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos.

En este punto debe recordarse que en 2015 se modificó el plazo general de prescripción de acciones y derechos de 15 a 5 años. El 7 de octubre de 2020 se produciría la prescripción extintiva de las deudas generadas entre 2005 y 2015, que ahora quedarán prorrogadas por el tiempo que se extienda el estado de alarma.

CONTRATOS: CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Finalmente, el estado de alarma declarado puede tener la consideración de causa de fuerza mayor justificativa de determinados contratos, dando origen a indemnización o no, dependiendo de su previsión en el articulado o por aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus “de conservación de las obligaciones en tanto no se alteren las circunstancias existentes y tenidas en cuenta al contratar.

  • Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes previsibles en el momento de contratar.
  • Una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes que frustra la finalidad del contrato.
  • No imputabilidad por culpa o negligencia de la excesiva onerosidad.
  • Haber actuado de buena fe
  • Ausencia de regulación o imputación del riesgo
  • Que se trate de contratos de tracto sucesivo y/o cumplimiento diferido.

Una imposibilidad absoluta y definitiva o perpetua de cumplimiento, especialmente en las obligaciones pecuniarias en el marco de la Situación COVID-19, además pudiera no tener encaje en el concepto de fuerza mayor, puesto que tiene por definición una naturaleza temporal o transitoria.

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