Moratoria de Créditos

1.-HIPOTECARIOS

El efecto de su concesión es la suspensión DURANTE TRES MESES de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.

Pueden solicitarla los deudores por préstamo hipotecario para la adquisición de:

  • a) La vivienda habitual.
  • b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales
  • c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

Y que se encuentre situación de vulnerabilidad esto es, que reúna los siguientes requisitos:

  1. que pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). Este límite varía según los menores o dependientes a su cargo.
  3. Que el total de las cuotas hipotecarias de los inmuebles a los que se puede aplicar la moratoria, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido tal alteración cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se puede aplicar la moratoria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

La solicitud debe realizarse ante la entidad bancaria. Los bancos han habilitado secciones especiales en sus páginas web. En todo caso debe adjuntarse la siguiente documentación:

  • a) En caso de situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • b) En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • c) Número de personas que habitan la vivienda:
    1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los 6 meses anteriores.
    3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • d) Titularidad de los bienes:
    1. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar (ver respuesta a la pregunta siguiente).
    2. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la
      actividad económica y de concesión del/de los préstamo/s con garantía hipotecaria.
  • e) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda distinta de la habitual en alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo, deberá aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento.
  • f) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este RDL.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a e), podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de 1 mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes, ni novación contractual alguna, para que surta efectos, pero deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos.

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
Contra la resolución denegatoria de la moratoria por la entidad financiera cabría interponer una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente, previa a la reclamación al Banco de España y en todo caso su impugnación ante los Tribunales de Justicia incluso con solicitud de medidas cautelares.

EJECUCIONES HIPOTECARIA

El RDL 6/2020 art.2 modificó la L 9/2012 disponiendo que hasta transcurridos 11 años desde la entrada en vigor de la Ley (antes 7 años), no procederáel lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado la vivienda habitual de personas en los supuestos de especial vulnerabilidad y circunstancias económicas previstas en el art.1 de la citada L

2.- CREDITOS SIN GARANTIA HIPOTECARIA

Durante el periodo de vigencia de la suspensión:
El acreedor no podrá exigir el pago, ni total, ni parcial, de la cuota, ni de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses.

No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora. La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el RDL 11/2020.

La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará por el tiempo de duración de la suspensión, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.

Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su propia normativa, de acuerdo con las reglas generales, y lo dispuesto en el apartado segundo del art.24 RDL 11/2020 (si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión).

La suspensión tendrá una duración de 3 meses ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.
Sólo puede ser solicitada por personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el art. 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, esto es, que reúnan los siguientes requisitos:

  • a) Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el art.5 de la Ley 37/1992 del IVA (ver respuesta a la pregunta siguiente).
  • b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), límite que se podrán superar en caso de tener a su cargo menores o dependientes
  • c) Que el total de las cuotas hipotecarias de los inmuebles a los que se puede aplicar la moratoria según el art.19 RDL 11/2020, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido tal alteración cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se puede aplicar la moratoria (art.19 RDL 11/2020) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

La solicitud se realizará a la entidad financiera acompañando:

  • a) En caso de situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  • b) En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • c) Número de personas que habitan la vivienda:
    1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    2. iCertificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los 6 meses anteriores.
    3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • d) Titularidad de los bienes:
    1. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
    2. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica y de concesión del/de los préstamo/s con garantía hipotecaria.
  • e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el real decreto-ley.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a e), podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá de 1 mes para aportar los documentos que no hubiese facilitado.

La aplicación de la suspensión no requiere acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna.

Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

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